Hacia el mediodía del lunes 24 de junio, el Ministerio de Hacienda hizo público el decreto con el que aumentará el precio del galón del Acpm en Colombia para grandes consumidores, es decir, aquellos que demandan más de 20.000 galones al mes.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, precisó que el Decreto 763, que regula el precio del diésel para grandes consumidores como empresas petroleras, mineras y cementeras, no aplica a estaciones de servicio ni distribuidores minoristas. “Entra en vigor a principios de agosto y comienza a flotar con el mercado internacional”.
Este decreto introduce un mecanismo diferencial de estabilización de precios para la Gasolina Motor Corriente (GMC) y el Aceite Combustible para Motores (Acpm). También adiciona un artículo al Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
Según el nuevo artículo, el ingreso al productor para estos grandes consumidores deberá ser, como mínimo, el precio de paridad internacional.
Ante estos cambios, Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, reiteró que el valor nuevo que se implementará para este combustible será el precio de paridad internacional, pero cuestionó que esta medida no ha contemplado la gradualidad cuando se incrementó el precio de la gasolina.
“Los grandes consumidores finalmente afectarán la economía de todos los hogares colombianos, por ejemplo, los productores de cemento incrementarán el valor de sus productos, esto incluso continuará perjudicando ese desarrollo mínimo que viene teniendo la industria de la construcción en el país”, alertó Cuervo.
Hay que recordar que el ministro Bonilla precisó: “Esto nos permite un ahorro de $50 mil millones mensuales, es decir, $600 mil millones al año. Los grandes consumidores representan el 5% del consumo total de Acpm y cobija alrededor de 150 empresas que se concentran en minería, petróleo (60%), entre otras”.
El ministro indicó en su presentación que esta subida del diésel solamente impactará en 1,4 puntos la inflación del país en lo que falta del 2024. “Si tenemos problemas de caja, si tenemos ya unos problemas, tenemos que pensar en unas medidas dolorosas de cómo ajustamos el déficit, eso no le gusta a nadie”.
Sobre estos ajustes, Cuervo reveló que le solicitaron al Gobierno que se excluya la actividad del sector de transporte de carga a la hora de implementar este tipo de incrementos, “toda vez que debe garantizarse el abastecimiento nacional, y el transporte de carga es el principal medio por medio de los cuales los productos y los alimentos han transportados en el país”.
A los reparos se sumó el Comité intergremial del Valle del Cauca, que a través de un comunicado expresó su preocupación ante el decreto del Ministerio de Hacienda que incrementa el precio del Acpm para grandes consumidores, alineando los costos con las fluctuaciones del mercado internacional.
“Por lo tanto, hacer una diferenciación en el costo de uno de sus principales insumos es inequitativo y los pone en una situación de competencia desigual frente a empresas que prestan el mismo servicio, desestimulando la formalización y el crecimiento empresarial”, detalló el gremio de gremios de esta región.
Según el comunicado, el aumento del precio del Acpm, que representa el 40% de los costos operativos de las empresas transportadoras, tiene el potencial de acelerar la inflación y dificultar los esfuerzos del Banco de la República para reducir las tasas de interés, crucial para la recuperación económica.
“Además, este incremento coincide con subidas previstas en las tarifas de peajes, intensificando el impacto en los costos de transporte y, por ende, en los precios de bienes y servicios, afectando directamente a los consumidores y a la economía en general”, advirtió el comité.
Esta medida llega en un momento desafiante, marcado por bloqueos en las vías, inseguridad y bajo volumen de carga, y plantea serios desafíos para el sector empresarial y transportador del país.
“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para reconsiderar esta medida y explorar alternativas que no agraven aún más la situación del sector transportador, esencial para la dinámica económica del país”, concluyó el Comité Intergremial.
Razones del alza
Esta alza se da por el déficit que persiste en Colombia por cuenta del subsidio del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc), en especial con el diésel, que ha permanecido estable desde pandemia.
“Desde enero de 2020, e incluso antes de la pandemia, los precios de los combustibles quedaron congelados, eso quiere decir que desde hace cuatro años y cinco meses, no se toca el precio del diésel”, dijo Bonilla.
En ese orden, el faltante para cerrar dicho déficit es del diésel, “que es un poco más complicado”, ya que el de gasolina ya se cerró en los primeros tres meses del 2024.
Según MinHacienda, el déficit en 2023 fue de $15,2 billones y con lo que se está haciendo este año cerraría en $12 billones.
Sergio Cabrales, docente de la Universidad de Los Andes y experto en energía e hidrocarburos, precisó que, en Colombia, el precio del diésel debe subir alrededor de $3.900 por galón para evitar que el Fondo de Estabilización de Combustibles (Fepc) siga subsidiándolo, como lo plantea el ministro de Hacienda. “Esto representa un aumento de cerca del 40% con respecto al precio actual del galón de diésel”.
En este sentido, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, coincidió en que cualquier medida que se tome para disminuir o eliminar el subsidio al diésel, desde el punto de vista energético, social, económico y fiscal, es correcta.
Según sus cuentas, es una medida que impacta aproximadamente el 12% de la demanda de diésel del país, que está alrededor de los 145.000 barriles por día (un poco más de 6 millones de galones por día), es decir, sobre los 17.400 mil barriles por día en promedio (731.000 galeones por día).
“La medida no aplica en las bombas de gasolina, ni en los distribuidores minoristas. Esos grandes consumidores le compran directamente al distribuidor mayorista. Lo que se busca es poner el precio del diésel, para esos consumidores, a flotar con el mercado internacional”, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.